Autoridad se impone a poder

Llevan cerca de tres décadas presentes en las universidades españolas. Su jornada bebe cada día de escuchar quejas, consultas y denuncias de profesores, estudiantes y miembros del personal de administración y servicios. Su misión es mediar, elaborar informes, recomendaciones y estudios no vinculantes ni impositivos pero sí muy positivos para elevar la calidad de la Universidad y resolver conflictos de la manera más higiénica.

Las puertas de sus oficinas se encuentra siempre abiertas y hacen de la misión encomendada legalmente (“Velar por el respeto de los derechos y libertades” de los miembros de la comunidad universitaria -LOU 2007-) un mero trampolín para buscar la excelencia de la enseñanza superior, actuando de oficio si es preciso. Son el aceite de engrase al engranaje de la Universidad. Un eterno vigía silencioso que vela porque lo correcto y justo sea norma en las aulas. Son conocidos y desconocidos, independientes y autónomos y muy necesarios a la vez. No deben rendir pleitesía a nadie y eso da valor y peso a su voz. La Ley no les ha dotado con un poder ejecutivo, pero la comunidad universitaria les elige por mayoría, responde a su presencia con centenarias visitas y escucha atentamente lo que tienen que decir, su consejo. La ‘potestas’ se inclina ante el influjo moral y ético del ‘auctoritas’. Es el Defensor Universitario, un oasis académico donde la autoridad vence al poder.